¿Quién decide qué? Toma de decisiones y Política Exterior de Costa Rica
El
19 de marzo de 2003, el Gobierno de los Estados Unidos divulgó una lista en la
que se consignó que Costa Rica era uno de los países que conformaban la coalición
que inició acciones bélicas en contra del Gobierno de Irak. Concretamente, la
referencia aparecía en la página electrónica de la Casa Blanca.
¿Qué es Política Exterior?
De
acuerdo con Pearson y Rochester (2011) “es el conjunto de prioridades
establecidas por los líderes nacionales para servir como líneas de conducta
entre diversos cursos de acción (comportamientos) en situaciones específicas”.
Los
mismos autores indican que las metas de la Política Exterior están definidas en
términos de la defensa nacional (asegurar
la supervivencia física de la patria, proteger la vida de sus ciudadanos y la integridad
territorial de sus fronteras); la prosperidad
económica (promover el bienestar económico de sus habitantes) y la autodeterminación
(preservar la
autodeterminación nacional, la naturaleza del sistema, así como la conducción
asuntos internos).
La
Política Exterior cuenta también con una serie de principios, definidos por los
propios Estados y que encuadran su acción internacional. Los principios que
rigen la PE de Costa Rica, están fundamentados en las corrientes
internacionales y en la lucha por los Derechos Humanos: paz, juridicidad,
democracia, libertades fundamentales y derechos humanos, desarme, compromiso
con el desarrollo, bienestar y medio ambiente (www.rree.go.cr).
En
el caso de la decisión del Gobierno del presidente Abel Pacheco de apoyar las
acciones bélicas contra Irak, a simple vista no parece defender ni respetar
ninguno de los objetivos ni las metas de política exterior de un Estado,
particularmente aquellas que tienen que ver con la defensa nacional, así como
tampoco los principios que han guiado tradicionalmente el comportamiento
internacional. Pero entonces, ¿por qué se tomó esa decisión? ¿quién o quiénes
fueron los responsables?
G.
Allison (1969) nos sugiere tres modelos conceptuales para el análisis de la
toma de decisiones en esta materia. El autor señala que “Una mejor comprensión
de la crisis depende en parte de una mayor información y de un análisis más
riguroso de la evidencia existente”.
De
los tres modelos planteados (el racional, el organizacional y el burocrático),
el que considero se ajusta mejor para la comprensión de lo sucedido en marzo de
2003, es el Modelo III, el Modelo de Política Burocrática, el cual se
centra en la política interna de un gobierno.
Los
acontecimientos de política exterior no se entienden como elecciones ni como
resultados; se les clasifica como desenlaces de juegos distintos y sobrepuestos
de negociación entre jugadores con distintas posiciones jerárquicas en el
gobierno nacional.
El
modelo de política burocrática no ve un actor unitario como lo hace el modelo
I, sino muchos actores-jugadores, que no actúan conforme a un conjunto
coherente de objetivos estratégicos, sino según sus distintas concepciones de
metas nacionales, organizacionales y personales. Además, busca revelar las
percepciones, motivaciones, posiciones, poder y maniobras de los jugadores importantes
que provocaron el desenlace, es decir, la decisión.
De
acuerdo con Allison, las distintas responsabilidades que pesan sobre los
hombros de las diversas personalidades individuales favorecen las diferencias
de percepciones y prioridades.
La
Declaración de guerra a Irak: cuando los principios y fines del estado parecen
no respetarse
En la
Constitución Política, en su artículo 140, se indica que le corresponde al
Presidente de la República y al respectivo Ministro dirigir las relaciones
exteriores de la República, entre otras funciones. El Ministerio es el ente
rector de las relaciones exteriores del país y le corresponde defender sus
intereses políticos, económicos y sociales, así como los de sus nacionales en
el exterior.
En
este sentido, formalmente, el acto realizado por el Presidente y su Canciller se
apegó a la normativa, es decir, ellos son a quienes les corresponde la rectoría
de las relaciones exteriores y defender sus intereses políticos. Sin embargo,
la decisión tomada contravino justamente esos principios que durante años han
orientado la actuación internacional del país y sobre los que existe
unanimidad: paz, democracia y libertad.
A
partir de la disposición del presidente Pacheco de incluir a Costa Rica en la
lista de países en guerra, la Defensoría
de los Habitantes emitió un informe en abril del 2003, en el que recomendó
al Gobierno de la República:
I. Rectificar la posición asumida por el
Gobierno de la República en relación con el actual conflicto armado, y adoptar,
en el plazo de cinco días hábiles, las medidas necesarias para excluir a Costa
Rica como miembro de la Coalición de países que apoyan las acciones bélicas.
II.- Una vez implementado lo anterior, retomar los
principios que han informado una Política de Estado de larga data y que han
reconocido y fomentado el desarrollo de una cultura de paz y de neutralidad.
Incluso
la Procuraduría General de la República determinó que el respaldo a las
acciones armadas era ilegal en un país con la tradición pacifista que
caracteriza a Costa Rica.
El
gobierno insistió en mantener esta posición, tomada el 19 de marzo del 2003, a
pesar del mayoritario rechazo expresado por la población a través de encuestas,
marchas y hasta protestas en las calles.
Esa
posición del gobierno provocó la presentación de distintas acciones de
inconstitucionalidad: del estudiante de Derecho Roberto Zamora, la Defensoría de los Habitantes y el
Colegio de Abogados.
Los siete
magistrados de la Sala acogieron por unanimidad los tres recursos presentados
en contra de la decisión del gobierno de apoyar el ingreso de fuerzas armadas a
Irak para derrocar a Hussein.
Los ciudadanos
aseguraron en diferentes encuestas que el mayor error del gobierno había sido
incorporar al país en lo que fue bautizada como "la lista de la
vergüenza".
El
fallo de la Sala concluyó que ese acto fue "contrario a la Constitución
Política, a la Declaración de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada, al
Derecho Internacional y al Sistema de la Organización de las Naciones Unidas“,
además de violentar los principios fundamentales sobre los que se basa la
política exterior de nuestro país.
De
acuerdo con el modelo III de Allison, si una nación ejecutó una acción, la
acción fue el resultado de la negociación que se llevó a cabo entre individuos
y grupos dentro del gobierno. Ese resultado incluye logros de grupos comprometidos
con una decisión o acción y consecuencias producidas por la negociación entre
grupos con posiciones bastante diferentes. La decisión adoptada inicialmente
por el Presidente Pacheco, tuvo que ser modificada principalmente por la
participación de otros actores, con características disímiles, pero con la
claridad de proteger los intereses y principios históricos de la política exterior costarricense.





No me queda claro si la decisión de incorporar a Costa Rica en la "lista de la vergüenza" fue una decisión de grupos dentro del gobierno o únicamente del presidente y su canciller con algún asesor (o algunos asesores) más o si de verdad hubo una discusión interna. Recuerdo que en clase, Argentina nos comentó que la decisión fue del todo sorpresiva para propios y extraños. Yo tiendo a pensar que la decisión fue monolítica (del presidente sin consulta a ningún grupo de gobierno). Si esto así fuera y la decisión no se hubiera revertido, podríamos aplicar el modelo I de Allison que presupone que el Estado puede ser analizado como actor unitario con ciertos objetivos y la capacidad de alcanzarlos. En este caso, me parece claro que el objetivo era congraciarse con los Estados Unidos en un contexto de negociación comercial y que el presidente habría asumido que este objetivo se podría alcanzar sin necesidad de comprometer recursos a lo interno, por lo que la inversión sería mínima y muy redituable (se obtendía la gracia de los Estados Unidos). De acuerdo a Allison y asumiendo que esta decisión hubiera sido racional, se habría definido el objetivo (congraciarse con los Estados Unidos), se abrían enlistado las formas de hacerlo y posteriormente evaluado (en ese contexto y ante la falta de apoyo de parte de la ONU, Estados Unidos buscaba aliados e incluso apoyo moral), y se habría elegido la mejor forma de alcanzar el objetivo (apoyando a Estados Unidos moralmente). El hecho de que esta decisión de política exterior se haya revertido y se pueda analizar desde otro de los modelos, me hace pensar que el modelo I de Allison difícilmente se puede aplicar a las democracias, como el caso de Costa Rica.
ResponderEliminarLa decisión de incorporar a Costa Rica fue, evidentemente,una decisión de carácter personalísimo del Presidente de la República de ese entonces. Como bien lo indicás, desde ese punto de vista, la decisión inicial sí se corresponde con el modelo I de Allison, puesto que sobre todo "hacia afuera", la actitud asumida era la de un actor racional y monolítico. También es cierto que, en medio de la situación económica del país y la negociación del Tratado de Libre Comercio, el interés del Gobierno era lograr el objetivo de lograr la incorporación en el acuerdo comercial. Lógicamente, esta posición asumida por el Presidente Pacheco, no dejaba dudas de que Costa Rica era un "aliado" de los Estados Unidos.
ResponderEliminarSin embargo, la posterior revocatoria de la decisión tomada, me hace considerar que el Modelo III es el más indicado para analizar los acontecimientos que se sucedieron, sobre todo por la participación de otros actores con un peso considerable, no sólo en el andamiaje institucional, sino también con un fuerte respaldo en la ciudadanía.
No comparto tu criterio de que el modelo I no pueda ser aplicado a las democracias, puesto que hay situaciones en las que las decisiones sí se han tomado de forma monolítica y racional, tal cual el caso del rompimiento de relaciones con Taiwán y el establecimiento de relaciones al más alto nivel con China. En todo caso, los temas y la prioridad que los gobiernos le otorgan son variados y de diversa naturaleza, por lo que los modelos pueden y deben ser aplicados según sea el caso de análisis.